Tribunal Constitucional Español

Publicada en el BOE de 15 de agosto de 2016 la Sentencia del Tribunal Constitucional que anula y declara inconstitucionales la imposición de determinadas tasas judiciales también para las personas jurídicas.

La fundamentación jurídico-material del recurso se articula en cuatro motivos, a los cuales precede una consideración de carácter general. Según ésta, la Ley 10/2012 supone en su conjunto la vulneración “de diversos preceptos constitucionales, singularmente la del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1”, algo no imputable “aisladamente a concretos preceptos legales sino al efecto combinado de los mismos, en tanto que sistema cerrado de recaudación tributaria, que … limita de forma irrazonable y discriminatoria el ejercicio de derechos fundamentales, incorporando soluciones frontalmente contrarias a principios establecidos en el texto constitucional”.

Concretamente, se eliminan las siguientes tasas:

-200.-€ recurso contencioso-administrativo abreviado

-350.-€ para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario.

-800.-€ para promover recurso de apelación civil.

-1.200.-€ para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil.

-800.-€ para el recurso de apelación y 1.200.-€ para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo.

-500.-€ para el recurso de suplicación y 750.-€ para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

-Cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000€.