NOCIONES BASICAS SOBRE LA TERCERIA DE DOMINIO Y LA TERCERÍA DE MEJOR DERECHO

NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA TERCERÍA DE DOMINIO Y LA TERCERÍA DE MEJOR DERECHO

Artículo redactado por el Letrado Don Ignacio Rodríguez Marco

 

1. DIFERENCIAS ENTRE LA TERCERÍA DE DOMINIO Y LA DE MEJOR DERECHO:


Puede definirse la tercería de dominio como aquel procedimiento, propio de la ejecución dineraria, en virtud del cual el titular o propietario no deudor de un bien embargado en una ejecución como propiedad del ejecutado, insta el alzamiento del embargo y la desafectación del bien del mismo.


Por su parte, la tercería de mejor derecho es aquel mecanismo procesal por el que, aquel que estime que le corresponde un derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor ejecutante, puede instar la prioridad del mismo, alterando el orden del embargo, para colocar su crédito en el lugar que legítimamente le corresponde.


Por tanto, estimamos que la principal diferencia entre ambos incidentes procesales radica en la finalidad del mismo. Por un lado, la tercería de dominio pretende tutelar el derecho de propiedad de aquel que, sin ser ejecutado, ve peligrar la titularidad de uno o varios bienes al ser trabados en el procedimiento ejecutivo como propios del deudor ejecutado.


Por su parte, la tercería de mejor derecho persigue únicamente la declaración de la preferencia de un crédito frente a otro u otros.

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EL CONCURSO DE ACREEDORES. NOCIONES BÁSICAS

EL CONCURSO DE ACREEDORES.
NOCIONES BÁSICAS 

Artículo redactado por el Letrado Don Victor Julián Pascual

 

Hablar de un concurso de acreedores implica asistir a la concurrencia de varios acreedores en relación al patrimonio de un deudor común a todos ellos. Un deudor que podrá ser persona física o jurídica, y que, no habiendo podido hacer frente a sus obligaciones exigibles, se encontrará en una situación de insolvencia (1).


Esta figura jurídica se encuentra regulada en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC), la cual ha sufrido numerosas reformas en los últimos años como consecuencia de la situación de crisis vivida en nuestro país, parcheando de esta forma el texto inicial mediante la búsqueda de continuas soluciones a unas situaciones que no fueron previstas en su día.

1.1.- Propuesta de acuerdo extrajudicial como situación preconcursal

Cuando hablamos del preconcurso nos referimos a aquel período de tiempo, regulado en el art. 5 bis LC, en el que existe un deudor con dificultades económicas y que tiene como finalidad evitar que se llegue al concurso a través de la negociación, ampliando el plazo de dos meses del que dispone el deudor para solicitar concurso hasta cuatro meses más.


En este sentido, creo que es muy conveniente hacer una aclaración, y es que frente a la idea generalizada de que un concurso de acreedores tiene como fin natural la liquidación

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Sentencia TC sobre las Corrida de Toros

Sentencia TC sobre las Corrida de Toros

EL TC AFIRMA QUE LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO INCLUYE PROHIBIR LAS CORRIDAS DE TOROS, DEC LARADAS POR LEY PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y ha declarado inconstitucional y nulo el art. 1 de la Ley 28/2 010 que prohíbe la celebración de corridas de toros y otros espectáculos taurinos en Cataluña. El Tribunal considera que al ejercer su competencia para la regulación de los espectáculos públicos, la Generalitat ha “ menoscabado ” la competencia del Estado pa ra la “ preservación del patrimonio cultural común ”, condición que las corridas de toros tienen atribuida por ley. Ha sido ponente de la resolución la Magistrada Encarnación Roca. La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua Batarrita y de los Magistrados, Fernando Valdés Dal - Ré y Juan Antonio Xiol Rios.

El Tribunal explica que el precepto recurrido se inscribe tanto en el ámbito de la protección de los animales como en el de la regulación de los espectáculos púb licos, materias cuya competencia corresponde a la Generalitat. En cualquier caso, el ejercicio de esas competencias por la Comunidad Autónoma ha de “ cohonestarse ” con las que la Constitución reserva al Estado; por esta razón, la norma impugnada debe ser an alizada bajo el prisma de los arts. 149.1.28 CE (defensa del patrimonio cultural) y 149.1.29 CE (seguridad pública).

La sentencia analiza, en primer lugar, si la norma autonómica afecta al art. 149.1.29 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusi va en materia de seguridad pública.

A este respecto, señala que la competencia sobre espectáculos públicos se refiere a la “ policía de espectáculos ”, que según reiterada doctrina constitucional consiste en la “ reglamentación administrativa sobre los re quisitos y condiciones que deben cumplir los espectáculos públicos para garantizar su libre desarrollo, así como la seguridad tanto de los ejecutantes como del público asistente ”.

“ No cabe duda ”, asegura el Tribunal, de que la Comunidad Autónoma ostenta competencias en materia de policía de espectáculos, que es diferente a la de seguridad pública atribuida por la Constitución al Estado. En consecuencia, el ejercicio de dicha competencia por la Comunidad Autónoma podría incluir “ la facultad de prohibir de terminado tipo de espectáculo por razones vinculadas a la protección animal ”; ahora bien, reitera la sentencia, el ejercicio de dicha facultad por la Comunidad Autónoma “ ha de cohonestarse con las que, en esa materia, estén reservadas al Estado, que no pue den verse perturbadas o menoscabadas”.

Constatada la inexistencia de vulneración del art. 149.1.29 CE, el Tribunal analiza si la norma impugnada ha afectado a las competencias estatales en materia de cultura. En concreto, el art. 149.2 CE, que considera el servicio de la cultura como deber y atribución esencial del Estado, y el art. 149.1.28 CE, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación.

En materia de cultura, explica la sentencia, existe una “ concurrencia de competencias” del Estado y las Comunidades Autónomas; competencias que han de dirigirse siempre a la “ preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social” des de la instancia pública correspondiente. La doctrina constitucional ha señalado que al Estado corresponde la “preservación del patrimonio cultural común ”.

El Tribunal señala el hecho “incontrovertido” de que “ la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país ”; asimismo, explica que las corridas de toros “ son una actividad con múltiples facetas o aspectos que explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su regulación ” dado “ su complejo carácter como fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial”. Como “ una expresión más de carácter cultural ”, las corridas de toros “ pueden formar parte del patrimonio cultural común que permite una intervención del Estado dirigida a su preserv ación ex art. 149.2 CE”.

En el ejercicio de esas competencias, derivadas del citado art. 149.2 CE, el Estado ha dictado un conjunto de normas a través de las cuales “ ha declarado formalmente la Tauromaquia como patrimonio cultural ”. La sentencia recuerd a que la dimensión cultural de las corridas de toros, presente en la ley desde 1991 y mencionada por el Tri bunal S upremo en 1998, se ha potenciado después con la aprobación de Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia y Ley 10/2015 para la salvaguar dia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Estas dos últimas normas, que fueron dictadas con posterioridad a la aprobación de la ley autonómica objeto del presente recurso y que no han sido recurridas ante este Tribunal, expresan una actuación legislativa “ di rigida específicamente a la preservación de la manifestación que son las corridas de toros ”.

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Sentencia del Tribunal Constitucional que anula y declara inconstitucionales la imposición de determinadas tasas judiciales

Tribunal Constitucional Español

Publicada en el BOE de 15 de agosto de 2016 la Sentencia del Tribunal Constitucional que anula y declara inconstitucionales la imposición de determinadas tasas judiciales también para las personas jurídicas.

La fundamentación jurídico-material del recurso se articula en cuatro motivos, a los cuales precede una consideración de carácter general. Según ésta, la Ley 10/2012 supone en su conjunto la vulneración “de diversos preceptos constitucionales, singularmente la del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1”, algo no imputable “aisladamente a concretos preceptos legales sino al efecto combinado de los mismos, en tanto que sistema cerrado de recaudación tributaria, que … limita de forma irrazonable y discriminatoria el ejercicio de derechos fundamentales, incorporando soluciones frontalmente contrarias a principios establecidos en el texto constitucional”.

Concretamente, se eliminan las siguientes tasas:

-200.-€ recurso contencioso-administrativo abreviado

-350.-€ para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario.

-800.-€ para promover recurso de apelación civil.

-1.200.-€ para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil.

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