EL COMPLEJO TRABAJO DE ABOGADO DE FONDO DE INVERSIÓN. Análisis de las herramientas judiciales y extrajudiciales a nuestra disposición orientadas al recobro.

 

Artículo Jurídico redactado por la Letrada Doña Laura Ramírez Ramos. Responsable Legal de Carteras en C&P Abogados.

 

Es indiscutible el auge de diversos fondos de inversión en el panorama económico y jurídico español, lo que ha provocado una profunda modificación en el trabajo diario desempeñado por los despachos de abogados tradicionales.

El trabajo masivo y la remuneración basada en objetivos puramente económicos, nos han llevado a la disyuntiva de tener que desarrollar una gestión letrada “masiva” sin que esto suponga perder la calidad y el buen hacer que se presume a los profesionales en el ejercicio del derecho.

Tales cuestiones nos llevan al tema que ahora tratamos, esto es, como enfocar el recobro desde un punto de vista jurídico para así obtener una mayor calidad en las negociaciones que, cada día realizamos.

Intentaremos abordar cada una de las diversas opciones que, como juristas, podemos plantear al valorar un final amistoso en cada litigio que gestionamos, así:

  • Quita sobre el importe reclamado o condonación parcial de la deuda para su cancelación.

Como es sabido, se trata del mecanismo más habitual de negociación que nos encontramos en este tipo de pleitos. El margen de condonación dependerá del fondo al que estemos representando y puede abarcar, -en base a nuestra experiencia-, desde un porcentaje de costas e intereses hasta la condonación de la mitad del principal reclamado.

Tal margen de actuación tiene su razón de ser en la premura de este tipo de clientes de sacar rentabilidad a los créditos que han adquirido. Por ello siempre es aconsejable contactar con la representación de la parte demandada o ejecutada nada más asumir la gestión del litigio, Hay que tener en cuenta que los bancos, cedentes en este caso, rara vez se avienen a negociar, marcando el punto de recuperación en la totalidad del principal reclamado con los correspondientes intereses y costas.

En este punto, no podemos obviar que generalmente se produce una competencia directa entre distintas ramas profesionales que actúan en nombre del mismo cliente. Hablamos de las agencias de recuperación, las cuales trabajan con unos márgenes de actuación mucho más flexibles que las que se imponen a los despachos jurídicos que gestionan el ámbito procesal. Asumiendo esta premisa hemos de valorar que la negociación de los Letrados será de mejor calidad, lo que beneficiaria no solo al fondo, sino también a la parte ejecutada o demandada;

-         Cierto es que las agencias de recuperación ofrecen planes de pago pactados verbalmente, inasumibles para los despachos de abogados, puesto que ni les son económicamente rentables de cara al porcentaje de facturación que se abona por tales ingresos, ni les resultaría asumible controlar el abono mensual de los mismos. Un abogado con la carga procesal que suponen quinientos o mil asuntos abiertos no puede en modo controlar que dos o tres demandados o ejecutados efectúen abonos mensuales de 100 o 200 euros.

-         Por el contrario, los planes de pagos cerrados con Letrados, se formalizan por escrito, gozando de mayor seguridad jurídica para ambas partes, los cuales pueden, incluso, llegar a aportarse en los procedimientos judiciales abiertos provocando su paralización hasta el total cumplimiento.

En todo caso, hay que tener claro y así trasladárselo a la parte contraria con la que estemos negociando, el protocolo de actuación del fondo al que estemos representando, el cual viene impuesto por las propias necesidades de la gestión interna de cada una de las empresas a las que representamos.

 (La normativa aplicable en este punto podemos encontrarla en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

  • Exoneración  y la problemática de la repetición.

Abordada la cancelación que siempre será nuestra primera opción, se ha de examinar la posibilidad de exoneración, esto es, la facultad como ejecutante de apartar a uno de los intervinientes en el litigio.

Es importante, una vez se ha evidenciado la imposibilidad de cancelar la deuda aún condonando parte de la misma, informar a nuestro interlocutor en la cancelación de esta opción, dado que es impensable que tal cuestión hubiera sido planteada por los bancos, ahora cedentes.

Ya sólo la facultad del acreedor de “dividir” la deuda solidaria entre los intervinientes, supone un aliciente para la parte beneficiada por la exoneración, teniendo como desventaja que la propia división se entiende como quita implícita del importe reclamado y por tanto se limita el margen de negociación, en comparación con los baremos que podemos abordar si nos encontramos en el apartado primero del presente.

En este caso, si la negociación terminará exitosamente y se por tanto se firmará el correspondiente acuerdo con la parte beneficiada, procederíamos a comunicar al Juzgado la minoración de la cuantía abonada por tal acción, así como el desistimiento frente al exonerado en concreto, continuando las acciones frente al resto de los intervinientes.  

Si bien, no puede obviarse la parte negativa de esta opción, como es el derecho de repetición que, tanto tendría la parte que ha pactado con nosotros una exoneración (si la misma no se limita en el propio acuerdo impuesto por el fondo al que representemos), como las partes que continuarían en el pleito, lo que llegado un momento puede suponer un cruce procesal de acciones entre los deudores originariamente solidarios.

(La normativa aplicable en este punto podemos encontrarla en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1158 y concordantes del Código Civil)

  • Cesión de créditos, bien a tercero, bien uno a de los deudores.

La facultad de repetición que una vez efectuada la exoneración pudieran ejercitar el resto de deudores, sobre los que fueron inicialmente apartados, o el coste de la acción de repetición por el deudor que ha satisfecho la deuda total o parcialmente en favor de los codeudores solidarios, hace que cobre fuerza la opción de negociar la cesión del crédito; Mediante este mecanismo el nuevo cesionario se resguarda de la posible repetición de los codeudores solidarios, y además se evita ser quien ha de ejercitarla mediante la iniciación de un nuevo procedimiento de repetición.

La formalización de la cesión bien a un tercero, bien a uno de los deudores solidarios, al contrario de lo que se pudiere pensar,  es sencilla al amparo de lo dispuesto en nuestro Código Civil, dado que la ley no exige formalizar notarialmente la cesión (aunque siempre es aconsejable), y aun formalizándola ante Notario al cederse un crédito concreto no supone una gran carga de tramitación.

Ahora bien, de cara a la negociación y al propio planteamiento a nuestro interlocutor,  esta opción requiere un estudio jurídico previo y extenso del litigio, dado que para plantear la opción tendremos que analizar la existencia de embargos de bienes muebles o inmuebles con reflejo registral, o la existencia de incidentes abiertos tales como tercerías, nulidades, Tasaciones de costas y liquidaciones de intereses… dado que tales cuestiones habrán de quedar bien delimitadas en el acuerdo o en la escritura de cesión.

Los beneficios que ofrece esta opción, son altamente considerables, tanto para los fondos de inversión que se desvinculan del préstamo previa compensación, y para los cesionarios (ya sean terceros ajenos o no), que adquieren todos los derechos anexos al crédito cedido y pueden subrogarse en la posición procesal del fondo con todos los beneficios que ello supone, entre ellos, asumir la posición registral de la que gozará el acreedor respecto de bienes inmuebles, posición en el concurso de acreedores…

Obviamente esta opción, en tanto que supone un beneficio para el adquirente, (cesionario del crédito que se va a subrogar en la posición del cedente gozando de todos los privilegios que ostentaba el antiguo acreedor ahora cedente), la cuantía por la que se cierre la compra será más elevada que la que se hubiere pactado en una cancelación, sin perjuicio de que barajamos porcentajes de entre el 60 y el 70 % del importe reclamado.

Cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1536 del Código Civil, la venta o cesión hecha a un coheredo o condueño del derecho cedido queda liberada de la posibilidad de ejercitar el retracto por los deudores que aun mantengan la deuda.

(La normativa aplicable en este punto podemos encontrarla en los artículos 17, 540 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 1526 y concordantes del Código Civil)

  • Cesión de rango registral a favor de tercero o negociación con entidades financieras para que puedan cerrar una dación en pago de finca embargada por el fondo.

Una vez examinadas las anteriores formas de extinción total o parcial (respecto de algún interviniente) de los créditos objeto de litigio, se ha de valorar la posibilidad que ahora abordamos, pues podemos encontrar diversos expedientes donde es imposible culminar una negociación en ninguna de las tres formas anteriormente expuestas, pero sin embargo encontramos que tenemos letras preferentes en inmuebles bien, trabados por el fondo, o más habitualmente por el banco.

Partimos de que, en innumerables ocasiones los fondos de inversión se benefician de los embargos de fincas trabados originariamente por las entidades financieras nos surgen dos escenarios;

-         Anotación Preventiva de embargo preferente sin derecho real previo- En estos casos y dado que en muchas ocasiones los fondos no están interesados en prorrogar las anotaciones preventivas de embargo, consecuencia de la inmediatez referida en la introducción, se ha de valorar contactar con los acreedores que tengan anotaciones posteriores.

Si el importe reclamado no es muy elevado, o si por su protocolo de actuación el fondo a quien representemos no está interesado en subastar la finca embargada, en este caso se ha de valorar la opción de al menos reducir la cuantía reclamada en nuestro pleito cediendo el rango a los acreedores posteriores.

El acuerdo de formalización es sencillo, todo ello en aras del poder de disposición sobre nuestro pleito pues una vez acordada la cuantía que habría de pagar el acreedor posterior, se emitiría un compromiso de levantamiento de embargo por parte del fondo. Esperando a recibir el pago convenido para presentar el correspondiente escrito al Juzgado levantando el embargo y minorando la cuantía correspondiente.

-Anotación Preventiva de embargo preferente con derecho real previo : si encontramos un litigio con una anotación preventiva preferente o no, precedida de un derecho real de hipoteca, no hemos de dar las opciones de negociación por perdidas, pues, a pesar de que este tipo de clientes. No suelen ser proclives a prorrogar embargos con cargas previas, lo cierto es que tenemos que partir de la siguiente premisa;

El banco antes de cedente era ejecutante o demandante.

Por ello, en la generalidad de las ocasiones encontramos que aun teniendo garantizada la finca concreta con una hipoteca, seguramente hayan anotado también con posterioridad en otros procedimientos contra los mismos deudores derivados de otros productos impagados.

Este supuesto es el que hemos de aprovechar, puesto que podemos negociar con la entidad en los mismos términos que si se tratara de una cesión de rango a un acreedor posterior, siendo tal operación beneficiosa también para la entidad financiera, pues ellos negocian una dación con los deudores hipotecarios, la cual no se puede llevar a cabo sin que el fondo en su condición de cesionario de la entidad levante dicho embargo.

En este caso, procederíamos igual que en el punto anterior, esto es, acordada la cuantía que habría de pagar el acreedor posterior, se emitiría un compromiso de levantamiento de embargo por parte del fondo. Minorándose en la reclamación la cuantía abonada por el posterior, presentándose una vez se haya recibido el pago convenido el correspondiente escrito al Juzgado levantando el embargo y minorando la cuantía correspondiente.

El acuerdo de formalización es sencillo, todo ello en aras del poder de disposición sobre nuestro pleito pues una vez acordada la cuantía que habría de pagar el acreedor posterior, se emitiría un compromiso de levantamiento de embargo por parte del fondo. Esperando a recibir el pago convenido para presentar el correspondiente escrito al Juzgado levantando el embargo y minorando la cuantía correspondiente.

(La normativa aplicable en este punto podemos encontrarla en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

Finalmente cabe destacar un punto trascendental en la negociación y es que, es imprescindible dejar constancia escrita en el acuerdo, o cesión de que se trate, de la asunción de los gastos, tales como notaria, gastos de cancelación de embargos, gastos registrales de adición, tributos derivados de las operaciones, o cualquier otro gasto análogo derivado de la operación.

Abordadas las cuestiones más comunes, en el ínterin de la negociación pueden surgir innumerables opciones que por su diversidad son imposibles de detallar esquemáticamente, por lo que se recomienda siempre escuchar a la parte con la que estemos negociando, no descartemos colaborar como profesionales en la liberación de un plan de pensiones previo acuerdo para saldar nuestra deuda, o incluso tramitar un impuesto de sucesiones a los efectos de rescatar inversiones que pueden suponer la terminación de un pleito.