EL CONCURSO DE ACREEDORES.
NOCIONES BÁSICAS 

Artículo redactado por el Letrado Don Victor Julián Pascual

 

Hablar de un concurso de acreedores implica asistir a la concurrencia de varios acreedores en relación al patrimonio de un deudor común a todos ellos. Un deudor que podrá ser persona física o jurídica, y que, no habiendo podido hacer frente a sus obligaciones exigibles, se encontrará en una situación de insolvencia (1).


Esta figura jurídica se encuentra regulada en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC), la cual ha sufrido numerosas reformas en los últimos años como consecuencia de la situación de crisis vivida en nuestro país, parcheando de esta forma el texto inicial mediante la búsqueda de continuas soluciones a unas situaciones que no fueron previstas en su día.

1.1.- Propuesta de acuerdo extrajudicial como situación preconcursal

Cuando hablamos del preconcurso nos referimos a aquel período de tiempo, regulado en el art. 5 bis LC, en el que existe un deudor con dificultades económicas y que tiene como finalidad evitar que se llegue al concurso a través de la negociación, ampliando el plazo de dos meses del que dispone el deudor para solicitar concurso hasta cuatro meses más.


En este sentido, creo que es muy conveniente hacer una aclaración, y es que frente a la idea generalizada de que un concurso de acreedores tiene como fin natural la liquidación

de una empresa, realmente el derecho concursal no tiene como fin tal liquidación y establecer una condena al deudor sino que su propósito radica en todo lo contrario, en la conservación de la empresa, tal y como puede comprobarse con los institutos preconcursales y en buena parte del articulado de la LC.


Hecha tal aclaración, ¿qué tipo de acuerdo puede alcanzar el deudor con los acreedores en este período preconcursal? Podremos distinguir un acuerdo de refinanciación, un convenio anticipado o bien un acuerdo extrajudicial de pagos con la intermediación de un mediador concursal.

Este último, el acuerdo extrajudicial de pagos, fue creado en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al emprendedor, incluyéndose su regulación en el Título X de la LC. Estamos ante un proceso de negociación con intermediario, el llamado mediador concursal. Sin embargo, no parece la denominación más acertada ya que realmente no estamos ante un mediador como tal, pues la figura de la mediación como solución extrajudicial de conflictos implica que son las partes las que han de alcanzar por sí mismas el acuerdo bajo el acompañamiento y ayuda del mediador, manteniendo éste una posición imparcial, sin proponer acuerdos a las partes, mientras que en el acuerdo extrajudicial de pagos de la LC quien hace la propuesta de acuerdo extrajudicial es precisamente el propio mediador concursal.

Entre los aspectos más destacados de este mecanismo debemos destacar que se puede iniciar por cualquier persona natural en situación de insolvencia, con estimación inicial del pasivo no superior a cinco millones de euros, así como por las personas jurídicas con masas con encaje en el art. 190 LC(2). Todos ellos podrán iniciarlo mediante solicitud al Registrador Mercantil de designación del mediador concursal, quien deberá reunir la condición de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, deberá poder actuar como administrador concursal.


En relación con el procedimiento en sí, este mediador podrá proponer acuerdos con esperas de hasta 10 años, quitas, cesión de bienes o derechos, y deberá aportarse un plan de pagos y viabilidad. Unos acuerdos, que para poder ser aprobados deberán precisar de distintas mayorías en función del contenido del acuerdo extrajudicial de pagos (art. 238 LC) y en caso de que finalmente se alcancen deberán ser elevados a escritura pública.


Destacar que en caso de que se incumpliese se entiende automáticamente que el deudor se encuentra en insolvencia, y el mediador concursal instaría el denominado concurso consecutivo, pasando este mediador, salvo justa causa, a convertirse en el administrador concursal en el concurso.


1.2.- Fases del concurso de acreedores


Tras la solicitud del concurso de acreedores tenemos el auto de declaración del concurso. Con este auto se inicia la fase común del concurso en la que se incluyen las siguiente secciones (art. 183 LC):

- La propia declaración del concurso y sus efectos, así como las medidas cautelares que puedan solicitarse.
- Todo lo relativo a la Administración Concursal.
- La determinación de la masa activa (inventario de bienes y derechos, lo que tiene el deudor), las autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos, acciones de reintegración y reducción, y las deudas de la masa.
- La determinación de la masa pasiva, con la comunicación (un mes para hacerlo desde el auto declarando el concurso), reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y el pago de los acreedores. En relación con la clasificación de los créditos (arts. 84 y ss. LC), podremos distinguir entre los créditos contra la masa (los cuales no forman parte de la masa pasiva y se cobran en primer lugar, siendo los generados por la propia declaración del concurso a excepción de los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso), y los créditos concursales dentro de los cuales tenemos los créditos:
o Privilegiados: Con carácter especial / general (arts. 90 y 91 LC).
o Ordinarios.
o Subordinados (art. 92 LC).

Informe del Admin. Concursal con los acreedores y calificación de los créditos.

Posteriormente tenemos la fase de solución, con la posibilidad de llegar al convenio (quitas/esperas) y/o la liquidación (es posible que tras un incumplimiento del convenio se alcance la fase de liquidación), con la elaboración de un plan de liquidación e informes trimestrales, efectuándose el pago a los acreedores en función de su crédito.

A continuación, tenemos la sección de calificación (se abre cuando se apruebe un convenio especialmente gravoso (3), el plan de liquidación o se ordene la liquidación), pudiendo el concurso calificarse como fortuito o culpable. Estaremos en este último caso cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o sus representantes legales, administradores o liquidadores, estableciendo la LC una serie de supuestos en que se presume su existencia. Entre los efectos de tal calificación tenemos la inhabilitación, obligación de restitución de los bienes o derechos obtenidos indebidamente, indemnización,…


Por último, tendríamos la conclusión del concurso (casos previstos en el art. 176 LC).


1.3.- Consecuencias de la declaración de concurso necesario o voluntario


El concurso de acreedores puede ser solicitado, en virtud del art. 3 LC, por el deudor (4), por sus acreedores (5) , o por el mediador concursal.


Como consecuencia de estas opciones, existe un doble carácter del concurso de acreedores: Será declarado necesario en caso de que haya sido solicitado por los acreedores o el mediador concursal, o voluntario en caso de haberlo sido por el deudor (6). Así, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 LC, el auto declarando el concurso contendrá entre otros pronunciamientos el de si el concurso tiene un carácter necesario o voluntario, trayendo consigo la declaración de uno u otro carácter una serie de efectos frente al deudor.


De esta forma, siguiendo lo dispuesto en el art. 40 LC, en el supuesto de que se declare concurso necesario el deudor cesará en sus funciones de administración y disposición sobre su propio patrimonio siendo sustituido en las mismas por los administradores concursales. En cambio, en caso de que el concurso tenga un carácter voluntario, el deudor conservará estas facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero será objeto de una intervención por la administración concursal, quedando sometido a su autorización o conformidad. No obstante, estas reglas podrían modificarse en cada caso razonadamente analizando los riesgos y ventajas que pudiera entrañar tal modificación.

 

Fdo:Victor Julián Pascual

 


(1) De acuerdo a lo previsto en el art. 2 LC “La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común” y se encontrará en insolvencia cuando “no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”, pudiendo ser esta insolvencia actual o inminente, estando en este último supuesto cuando el deudor “prevea” que no va a hacer frente regular y  untualmente a sus obligaciones.

(2) Pasivo inferior a cinco millones de euros, patrimonio inferior a cinco millones de euros, menos de 50 acreedores y con activos suficientes para satisfacer los gastos del proceso.

(3 ) Quitas de más un tercio del importe del crédito y esperas superiores a tres años.

(4 ) No obstante, el deudor no solamente tiene la posibilidad de solicitar el concurso sino que realmente tiene la obligación de hacerlo Así, el art 5.1 LC dispone que “El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia”.

(5) Se exceptúan aquellos acreedores que hubieran adquirido el crédito inter vivos y a título singular en los seis meses anteriores a la solicitud de conformidad con el art. 3.2 LC. Los acreedores deberán basar su solicitud en alguno de los casos previstos en el art. 2.4 LC.

(6) De conformidad con el art. 22 LC “El concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los demás casos, el concurso se considerará necesario”.